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53
Artículo de revisión
Acceso a la educación superior para personas con discapacidad
en Ecuador: desafíos y legislación vigente
Access to higher education for persons with disabilities in Ecuador: challenges
and current legislation
Carmita Elena Puente Rodríguez*
Cuerpo de Bomberos del GADMR
Riobamba - Ecuador
cpuente@bomberosriobamba.gob.ec
https://orcid.org/0009-0000-0894-1479
Mercy Jackeline Aguilar Rodríguez
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Quevedo
Quevedo - Ecuador
merckeline33@live.com
https://orcid.org/0000-0002-3295-6395
Nancy Rocío Quishpi Chacha
Profesional Independiente
Riobamba - Ecuador
nquishpichacha@gmail.com
https://orcid.org/0009-0009-4433-134X
*Correspondencia:
cpuente@bomberosriobamba.gob.ec
Cómo citar este artículo:
Puente, C., Aguilar, M., & Quishpi, N.
(2026). Acceso a la educación superior para
personas con discapacidad en Ecuador:
desafíos y legislación vigente. Revista de
Investigación Educativa Niveles, 3(1), 53-65.
https://doi.org/10.61347/rien.v3i1.86
Recibido: 14 de enero de 2026
Proceso de evaluación:
16 de enero al 18 de febrero de 2026
Aceptado: 20 de febrero de 2026
Publicado: 27 de febrero de 2026
Resumen: La inclusión educativa garantiza el derecho a la educación de todas las
personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad o discapacidad. En
este contexto, el acceso a la educación superior debe
promover la igualdad de
oportunidades y la participación social; sin embargo, persisten diversas barreras que
limitan su acceso, permanencia y culminación de estudios. El presente estudio analiza
los desafíos y la legislación vigente relacionados con el acceso a la educación superior
para personas con discapacidad en Ecuador. La investigación se desarrolló bajo un
enfoque cualitativo con orientación jurídico-analítica, basada en la revisión de fuentes
normativas y literatura científica. Los resultados evidencian que el país cuenta con un
marco normativo que reconoce el derecho a la educación inclusiva; si bien persisten
limitaciones en su aplicación, debido a la falta de lineamientos específicos y mecanismos
de seguimiento. Se identificaron barreras estructurales, pedagógicas, socioeconómicas,
culturales y de liderazgo que dificultan la inclusión efectiva en la educación superior. Se
concluye que la inclusión de las personas con discapacidad en este contexto demanda un
marco legal sólido acompañado de una implementación efectiva, mediante políticas
claras, formación docente, recursos accesibles y estrategias institucionales integrales que
garanticen condiciones equitativas de acceso, permanencia y desarrollo académico.
Palabras clave: Barreras educativas, educación inclusiva, inclusión social, LOES,
políticas inclusivas.
Abstract:
Educational inclusion guarantees the right to education for all people, especially those
in vulnerable situations or with disabilities. In this context, access to higher education should
promote equal opportunities and social participation; however, various barriers persist that limit
access, retention, and completion of studies. This study analyzes the challenges and current
legislation related to access to higher education for persons with disabilities in Ecuador. The
research was conducted using a qualitative approach with a legal-analytical orientation, based on
a review of regulatory sources and scientific literature. The results show that the country has a
regulatory framework that recognizes the right to inclusive education; however, limitations
persist in its application due to the lack of specific guidelines and monitoring mechanisms.
Structural, pedagogical, socioeconomic, cultural, and leadership barriers were identified that
hinder effective inclusion in higher education. It is concluded that the inclusion of people with
disabilities in this context requires a solid legal framework accompanied by effective
implementation through clear policies, teacher training, accessible resources, and comprehensive
institutional strategies that guarantee equitable conditions for access, retention, and academic
development.
Keywords: Educational barriers, inclusive education, inclusive policies, LOES, social inclusion.
Copyright: Derechos de autor 2026 Carmita
Elena Puente Rodríguez, Mercy Jackeline
Aguilar Rodríguez, Nancy Rocío Quishpi
Chacha.
Esta obra está bajo una licencia internacional
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1. Introducción
La inclusión de personas con discapacidad en la educación superior ha adquirido creciente relevancia
en los últimos años, en respuesta a una mayor conciencia sobre la diversidad y la equidad educativa.
Aunque se han logrado avances, persisten desafíos que requieren atención continua. La educación
superior constituye un espacio clave para promover la igualdad de oportunidades y la inclusión social,
por lo que ampliar el acceso para este grupo resulta determinante para construir sociedades más justas
(Camacho et al., 2024).
En este contexto, la educación inclusiva se configura como un enfoque orientado a reconocer y
valorar la diversidad de los estudiantes, promoviendo su participación en entornos educativos
respetuosos e interculturales. Bajo esta perspectiva, las instituciones de educación superior deben
adaptar sus modelos educativos para responder a una población diversa, garantizando condiciones de
accesibilidad y una formación de calidad sostenible en el tiempo. Este enfoque surge como respuesta
a la exclusión histórica de las personas con discapacidad, con el propósito de asegurar su participación
efectiva dentro del sistema educativo (Lainez et al., 2017).
Desde esta perspectiva, la educación inclusiva busca garantizar el desarrollo integral de las personas
con discapacidad, fortaleciendo sus capacidades cognitivas, motoras, emocionales y sociales, así como
su futura inserción en el ámbito laboral. En este contexto, el proceso educativo se orienta a la formación
de individuos autónomos, con capacidad de toma de decisiones y adaptación a las demandas sociales,
mediante el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y conductuales (Mendieta et al., 2023).
Por lo tanto, la inclusión en la educación superior no solo responde a un principio de equidad, sino
que contribuye al enriquecimiento de la diversidad dentro de la comunidad académica. Este proceso
requiere de un enfoque integral que considere la diversidad de discapacidades y de programas
académicos, así como la articulación de políticas inclusivas y el compromiso de las instituciones, el
personal docente y los estudiantes, para garantizar igualdad de oportunidades en el desarrollo
educativo (Delgado, 2024).
En relación con la diversidad de condiciones, el Consejo Nacional para la Igualdad de
Discapacidades (CONADIS, 2019) reconoce distintos tipos de discapacidad presentes en el ámbito
educativo, entre ellas la física, caracterizada por limitaciones de movilidad y barreras en el entorno; la
psicosocial, que afecta la interacción social; la intelectual, que incide en la comprensión y toma de
decisiones; así como las sensoriales (visual y auditiva) y la multidiscapacidad, que implica la
coexistencia de dos o más condiciones. Esta diversidad exige respuestas diferenciadas que avalen una
inclusión efectiva en la educación superior.
No obstante, en el ámbito de la educación superior, la inclusión de las personas con discapacidad
presenta un menor desarrollo en comparación con otros niveles educativos, a pesar de los avances
registrados en los últimos años. Ante esta situación, varias universidades ecuatorianas han
implementado acciones y políticas internas desde su autonomía para responder a las necesidades de este
grupo; sin embargo, estos esfuerzos suelen ser aislados y poco articulados. Esta realidad evidencia la
necesidad de establecer lineamientos y protocolos a nivel nacional que permitan regular, coordinar y
fortalecer las acciones inclusivas, garantizando una atención más efectiva y equitativa (Aguilera, 2022).
En el contexto ecuatoriano, la situación resulta especialmente preocupante, ya que la formación
académica de las personas con discapacidad presenta importantes rezagos. Apenas una de cada diez
personas con discapacidad logra obtener un título universitario, y solo el 2.6 % accede a estudios de
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posgrado. Estas cifras se relacionan con limitaciones estructurales, como la falta de infraestructura
accesible, la escasa capacitación del personal docente y administrativo, y la limitada disponibilidad de
apoyo especializado. Esta problemática se refleja en la existencia de menos de 600 docentes de apoyo
para más de 50 000 estudiantes con discapacidad en el sistema educativo, lo que evidencia una brecha
significativa en la atención y en las oportunidades de desarrollo académico (Redacción Diario La Hora,
2024).
En este escenario, se han identificado barreras que afectan la inclusión en la educación superior.
Entre ellas, destacan las relacionadas con la insuficiente formación del profesorado para atender la
diversidad en el aula, las barreras preuniversitarias derivadas de desigualdades acumuladas en etapas
educativas anteriores, así como las limitaciones en los recursos didácticos y en las tecnologías de apoyo.
A esto se suman los obstáculos vinculados a modelos educativos tradicionales poco flexibles y a la
persistencia de actitudes sociales discriminatorias, factores que dificultan la construcción de entornos
educativos verdaderamente inclusivos (Espinosa et al., 2012a).
A nivel regional, la educación superior sigue representando un desafío para las personas con
discapacidad, quienes enfrentan retos que dificultan su acceso, permanencia y culminación de estudios
y que se relacionan con la falta de accesibilidad, el escaso apoyo institucional y las desigualdades
estructurales presentes en el sistema educativo. Aunque en América Latina se han registrado avances
en materia de inclusión, persisten obstáculos que impiden garantizar trayectorias educativas
equitativas para este grupo poblacional (Vásquez & Veloz, 2023).
Frente a esta problemática, resulta pertinente analizar el marco normativo que regula este derecho,
con el fin de identificar las brechas existentes entre la legislación y su aplicación. El objetivo del estudio
es analizar los desafíos y la legislación vigente relacionados con el acceso a la educación superior para
personas con discapacidad, mediante la revisión del marco jurídico y la literatura especializada, con el
fin de identificar las principales barreras y aportar elementos para el fortalecimiento de la inclusión
educativa en Ecuador.
2. Metodología
El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con orientación jurídico-analítica,
centrado en la comprensión del acceso a la educación superior de las personas con discapacidad desde
el marco normativo ecuatoriano y la producción académica relacionada. Este enfoque examinó el
fenómeno desde una perspectiva interpretativa, considerando tanto las disposiciones legales como los
aportes teóricos que abordan la inclusión educativa.
La investigación se sustentó en un diseño documental, basado en la revisión y análisis de fuentes
jurídicas y bibliográficas relevantes. En el ámbito normativo, se seleccionaron las principales
disposiciones legales que regulan el derecho a la educación y la inclusión de personas con
discapacidad, entre ellas la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación
Superior, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Ley Orgánica de Discapacidades. Estas
normas fueron analizadas con el propósito de identificar los principios, derechos y obligaciones
vinculados al acceso, permanencia y culminación de estudios en la educación superior.
De manera complementaria, se realizó una revisión de literatura científica y técnica que aborda la
inclusión educativa y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito
universitario. Esta revisión permitió contrastar el contenido normativo con la realidad descrita en
estudios previos, facilitando la identificación de brechas entre la normativa y su aplicación.
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El análisis de la información se llevó a cabo mediante una estrategia de categorización temática, a
partir de la cual se identificaron los principales desafíos que limitan el acceso a la educación superior.
Estos desafíos fueron organizados en categorías analíticas. Posteriormente, se desarrolló una discusión
crítica que integra los hallazgos normativos y teóricos, con el fin de comprender las limitaciones
existentes y aportar elementos para el fortalecimiento de la inclusión educativa en el contexto
ecuatoriano.
3. Desarrollo
Ecuador posee un marco normativo amplio que reconoce y protege el derecho a la educación,
incluyendo disposiciones específicas orientadas a garantizar la inclusión de las personas con
discapacidad. Estas normativas establecen principios de igualdad, accesibilidad y no discriminación,
así como mecanismos que favorecen el acceso, permanencia y culminación de estudios en la educación
superior. La tabla 1 presenta de manera sintetizada las principales leyes, los artículos más relevantes y
su aporte al acceso a la educación superior de las personas con discapacidad.
Tabla 1
Principales leyes que amparan el acceso a la educación superior a estudiantes con discapacidades
Norma Artículo Contenido clave
Aporte al acceso a la educación
superior
Constitución de
la República del
Ecuador (2008)
Art. 26
Derecho a la educación como
deber del Estado
Base constitucional del derecho a la
educación inclusiva.
Art. 27
Educación inclusiva, equitativa
y de calidad
Fundamenta la inclusión educativa en
todos los niveles.
Art. 28
Acceso universal y gratuidad
hasta tercer nivel
Garantiza el acceso sin discriminación.
Art. 35 Grupos de atención prioritaria
Reconoce a personas con discapacidad
como grupo prioritario.
Art. 47
Derechos específicos de
personas con discapacidad
Garantiza educación inclusiva y
desarrollo de capacidades.
Art. 48 Políticas de inclusión
Obliga a eliminar barreras y promover
inclusión.
Art. 11
numeral 2
Igualdad y no discriminación
Prohíbe discriminación por
discapacidad.
LOES (2010)
Art. 7
Garantías para personas con
discapacidad
Establece accesibilidad y apoyos
técnicos en educación superior.
Art. 13 Funciones del sistema
Garantiza condiciones para desarrollo
de habilidades.
Art. 30 Becas y financiamiento
Facilita acceso y permanencia
mediante apoyo económico.
Art. 71 Igualdad de oportunidades
Garantiza acceso, permanencia y
egreso sin discriminación.
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Disp. Décima
Octava
Accesibilidad y calidad
Exige condiciones de accesibilidad
como criterio de calidad.
LOEI (2011)
Cap. II, lit. o Adaptaciones curriculares
Permite inclusión desde niveles
previos.
Art. 7, lit. o Educación flexible
Favorece permanencia en el sistema
educativo.
Art. 11, lit. j Adaptación curricular docente
Asegura enseñanza acorde a
capacidades.
Art. 47 Educación inclusiva Elimina barreras y garantiza acceso.
Art. 132, lit. r Prohibición de discriminación Impide exclusión por discapacidad.
Ley Orgánica de
Discapacidades
(2012)
Art. 27 Derecho a la educación
Garantiza acceso, permanencia y
titulación.
Art. 28 Educación inclusiva
Establece apoyos técnicos y
pedagógicos.
Art. 31 Capacitación docente Mejora atención educativa.
Art. 33 Accesibilidad
Obliga a eliminar barreras físicas y
tecnológicas.
Art. 34 Apoyo interdisciplinario Favorece permanencia y seguimiento.
Art. 38 Becas Facilita acceso económico.
Art. 40 Educación superior Promueve inclusión en universidades.
La Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce el derecho a la educación desde un
enfoque inclusivo y de igualdad, al establecer a la educación en sus artículos 26, 27 y 28 como un
derecho fundamental, de acceso universal y orientado a la equidad. De manera específica, el Art. 35
identifica a las personas con discapacidad como grupo de atención prioritaria, mientras que el Art. 47
garantiza su derecho a una educación inclusiva que promueva el desarrollo de sus potencialidades,
eliminando barreras que limiten su participación. En concordancia, el Art. 48 dispone la adopción de
políticas públicas orientadas a la inclusión social y educativa, y el Art. 11 numeral 2 prohíbe toda forma
de discriminación, consolidando un marco constitucional que sustenta el acceso a la educación
superior en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad.
En tanto, La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010) establece un marco normativo
orientado a garantizar el acceso, permanencia y desarrollo integral de las personas con discapacidad
dentro del sistema universitario, reconociendo este derecho desde un enfoque de igualdad y no
discriminación. Mientras, el Art. 7 dispone que las instituciones de educación superior deben asegurar
condiciones de accesibilidad, incluyendo servicios de interpretación y apoyos técnicos de calidad, de
modo que los estudiantes, docentes y demás actores con discapacidad participen plenamente en el
sistema educativo. De manera complementaria, el Art. 13 define como función del sistema garantizar
las facilidades necesarias para el desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas con
discapacidad, lo que implica eliminar barreras físicas, tecnológicas y actitudinales.
Asimismo, el Art. 30 incorpora un enfoque de equidad al obligar a las instituciones privadas que
reciben recursos públicos a destinar fondos para becas dirigidas, entre otros grupos, a estudiantes con
discapacidad, en función de facilitar el acceso, permanencia y culminación de sus estudios. En
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concordancia, el Art. 71 consagra el principio de igualdad de oportunidades, garantizando que todas
las personas puedan acceder, permanecer, movilizarse y egresar del sistema de educación superior sin
discriminación por motivos de discapacidad. Por su parte, la disposición décima octava establece la
obligación de implementar condiciones de accesibilidad física y pedagógica, incorporando estos
elementos como parámetros de evaluación dentro de los procesos de aseguramiento de la calidad, lo
que refleja que la inclusión de las personas con discapacidad constituye un componente esencial en la
educación superior ecuatoriana.
Complementariamente, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) instituye disposiciones
que avalan la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo, lo cual influye en su
acceso a la educación superior. Aquí, el Capítulo Segundo (literal o) dispone que el Estado debe
implementar adaptaciones curriculares para asegurar la inclusión y permanencia de estudiantes con
necesidades educativas específicas. Así también, el Art. 7, literal o, reconoce el derecho a propuestas
educativas flexibles que faciliten su continuidad, mientras que el Art. 11, literal j, obliga a los docentes
a diseñar y ejecutar adaptaciones curriculares acorde a las capacidades de estos estudiantes. El Art. 47
instaura que la educación debe considerar sus necesidades afectivas, cognitivas y psicomotrices,
garantizando el acceso, la eliminación de barreras y la implementación de apoyos adecuados.
Finalmente, el Art. 132, literal r, prohíbe la discriminación, incluyendo la negativa de matrícula por
discapacidad. Estas disposiciones buscan asegurar trayectorias educativas inclusivas que favorezcan
el acceso a niveles superiores de formación.
De forma específica para este grupo poblacional, La Ley Orgánica de Discapacidades (2012)
establece un marco integral para garantizar el acceso, permanencia y culminación de la educación de
las personas con discapacidad en condiciones de igualdad. El Art. 16 reconoce el ejercicio de sus
derechos, mientras que el Art. 17 dispone la aplicación de medidas de acción afirmativa para reducir
desigualdades. En la misma línea, el Art. 27 garantiza el derecho a la educación en todos los niveles,
incluida la educación superior, y el Art. 28 promueve la educación inclusiva mediante apoyos técnicos
y adaptaciones curriculares. De igual forma, el Art. 30 establece la educación especializada, el Art. 31
la capacitación docente, y el Art. 33 la accesibilidad a la educación a través de infraestructura y recursos
adecuados. El Art. 34 incorpora el apoyo de equipos multidisciplinarios para asegurar la permanencia
y el progreso académico, mientras que el artículo 38 contempla becas como mecanismo de apoyo
económico. Finalmente, el artículo 40 promueve la inclusión en la educación superior, evidenciando
un enfoque integral orientado a garantizar la igualdad de oportunidades educativas.
A nivel de organismos especializados, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades
(CONADIS, 2019) propone una guía de buenas prácticas para la inclusión de personas con
discapacidad en la educación superior, estructurada en tres componentes clave: Accesibilidad, que se
enfoca en garantizar el acceso al medio físico (rampas, ascensores, diseño universal), la comunicación
y la información (señalética, lectura fácil); Adaptabilidad, que implica realizar ajustes razonables y
adaptaciones curriculares personalizadas en los procesos de admisión, enseñanza y evaluación, así
como ofrecer apoyo psicopedagógico y tutorías; y Entornos Virtuales, que aseguran la accesibilidad y
usabilidad de las tecnologías y plataformas digitales para la educación a distancia, y promueven la
alfabetización digital de estudiantes y docentes.
Desafíos que afectan el acceso y la permanencia en la educación superior de las personas con
discapacidad
Barreras estructurales y de infraestructura
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Uno de los principales desafíos en la inclusión de personas con discapacidad en la educación superior
radica en la limitada accesibilidad física y tecnológica de los campus universitarios. En muchos casos,
las infraestructuras no están diseñadas conforme a las necesidades de movilidad y acceso, lo que
restringe la participación plena de estos estudiantes en las actividades académicas y en la vida
universitaria en general (Camacho et al., 2024).
Sin embargo, la garantía del derecho a la educación para personas con discapacidad no se limita a la
accesibilidad física de los espacios, sino que implica asegurar condiciones integrales que favorezcan la
continuidad del proceso educativo. Esto incluye la disponibilidad de recursos didácticos accesibles, como
materiales en braille, contenidos audiovisuales adaptados y tecnologías de apoyo, así como la
implementación de metodologías de enseñanza diversificadas que respondan a distintos estilos de
aprendizaje (Anrango & Parrales, 2025). En la práctica, estos elementos no se implementan de manera
generalizada en todas las instituciones de educación superior. La disponibilidad de materiales adaptados
suele concentrarse en centros especializados, lo que limita su acceso en contextos educativos ordinarios.
Esta situación genera una desigualdad en las condiciones de aprendizaje, ya que los estudiantes con
discapacidad no cuentan con los mismos recursos para desarrollar sus capacidades académicas. En
consecuencia, la problemática no se reduce únicamente al acceso a la educación superior, sino a la
permanencia y al desarrollo efectivo dentro del sistema, configurándose como una barrera estructural
que puede desincentivar el ingreso y afectar las trayectorias educativas de este grupo poblacional.
Desafíos pedagógicos y de formación docente
Los desafíos pedagógicos y de formación docente en la educación inclusiva se relacionan con la
necesidad de adaptar la enseñanza a la diversidad de los estudiantes, considerando aspectos
académicos, emocionales y sociales. Entre los principales desafíos se encuentran la implementación de
evaluaciones diferenciadas, el uso de tecnologías educativas y la limitada preparación del profesorado
para atender contextos diversos. Además, la inclusión suele abordarse de manera superficial y
centrada únicamente en la discapacidad, sin una aplicación efectiva en la práctica. Esto evidencia la
necesidad de fortalecer la formación docente y las competencias socioemocionales para garantizar
entornos educativos verdaderamente inclusivos (García, 2024).
En el marco de la educación inclusiva, el rol docente exige apertura al cambio y adaptación de las
prácticas pedagógicas para responder a la diversidad del estudiantado. Desde esta perspectiva, deben
ajustarse la enseñanza considerando las características, potencialidades, ritmos y motivaciones de cada
estudiante, bajo el principio de que todos pueden aprender juntos independientemente de sus
condiciones (Hurtado et al., 2019). De igual manera, resulta primordial fortalecer las actitudes del
profesorado mediante procesos de sensibilización, reflexión y acompañamiento, junto con el
intercambio de buenas prácticas que contribuyan a superar prejuicios y promover entornos educativos
inclusivos (Pilozo, 2025). Además, la gestión de aulas diversas demanda habilidades organizativas y
flexibilidad pedagógica que admitan diseñar actividades accesibles y pertinentes, evitando la
segregación y favoreciendo la participación equitativa de todos los estudiantes (Pérez & Díaz, 2026).
Barreras de liderazgo
Una de las barreras identificadas se conecta con la limitada capacitación y la escasa participación de
las personas con discapacidad en espacios de liderazgo dentro de la educación superior. Esta situación
reduce su representación en la toma de decisiones y en la formulación de políticas educativas, lo que
dificulta que sus necesidades y perspectivas sean consideradas de manera efectiva (Organización de
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las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2024). Por lo que, resulta necesario
fortalecer el desarrollo de capacidades y promover el liderazgo inclusivo, especialmente entre los
estudiantes con discapacidad, con el fin de posibilitar su participación en los procesos académicos,
institucionales y de gobernanza.
Barreras culturales y territoriales
Los desafíos en la inclusión de personas con discapacidad también se relacionan con las percepciones
y actitudes sociales. A pesar de los esfuerzos por promover la sensibilización, aún persisten
estereotipos y prejuicios que influyen en la forma en que son tratadas, generando entornos poco
inclusivos. Esta situación limita su participación en el proceso de aprendizaje y en la vida universitaria,
ya que la falta de comprensión de sus capacidades y necesidades individuales afecta su desarrollo
académico y personal (Camacho et al., 2024).
La desigualdad territorial constituye una barrera relevante, ya que la mayoría de los programas de
inclusión se concentran en ciudades principales como Quito y Guayaquil, lo que genera desventajas
para los estudiantes de otras provincias, zonas rurales o intermedias, quienes enfrentan menores
oportunidades de acceso a servicios y apoyos educativos inclusivos. Estas barreras se intensifican
cuando se combinan con otras desigualdades, como en el caso de estudiantes indígenas con
discapacidad, quienes enfrentan dificultades adicionales relacionadas con factores culturales y
lingüísticos, debido a la limitada disponibilidad de recursos en lenguas ancestrales y a la falta de un
enfoque intercultural en el sistema educativo (Cecilia-López, 2025).
Castillo y Romero (2025) señalan que en las zonas rurales y periféricas del Ecuador los estudiantes
enfrentan importantes obstáculos para acceder a la educación superior, debido a la limitada oferta de
instituciones, la deficiente conectividad digital y la falta de programas de apoyo económico. Esta
situación refleja la insuficiente capacidad de la gestión pública para desarrollar políticas focalizadas
que atiendan las necesidades específicas de estas poblaciones.
Barreras socioeconómicas
Las condiciones socioeconómicas constituyen una barrera significativa para el acceso a la educación,
ya que la falta de ingresos y de oportunidades laborales en las familias restringe la capacidad de
cubrir gastos como transporte, materiales y otros costos asociados al proceso educativo. Esta
situación circunscribe las posibilidades de acceso y permanencia en el sistema, lo que incide en la
interrupción de los estudios y en la postergación o abandono de las aspiraciones académicas,
especialmente en el caso de personas con discapacidad que requieren apoyos adicionales (Mena-
Chiluisa & Alulima, 2021).
Aunque existen iniciativas como programas de becas que contribuyen a reducir estas limitaciones
(Delgado, 2024), estos apoyos suelen ser insuficientes para cubrir la totalidad de las necesidades
económicas y de accesibilidad que enfrentan los estudiantes con discapacidad, especialmente en
contextos vulnerables. No todos los estudiantes con discapacidad acceden a estos beneficios, y en
muchos casos los procesos de asignación resultan largos y complejos, lo que dificulta una respuesta
oportuna a sus necesidades económicas.
Discrepancia entre la norma y la práctica
En la práctica, las iniciativas orientadas a la inclusión de personas con discapacidad en la educación
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superior son limitadas, fragmentadas y poco articuladas entre sí. Esto se refleja en la escasa
planificación e implementación de apoyos técnicos personalizados, los cuales no se desarrollan de
manera sistemática ni responden de forma adecuada a las necesidades individuales de los estudiantes.
Como consecuencia, se generan vacíos en la atención institucional que afectan tanto el acceso como la
permanencia y el desarrollo académico de este grupo poblacional (Espinosa et al., 2012b).
Frecuentemente, las personas con discapacidad encuentran barreras que afectan su desarrollo
educativo y profesional, lo que demuestra una divergencia entre lo legislado y la realidad social. La
investigación de Cueva et al. (2018) evidenció que el trabajo de divulgación sobre cómo acceder a la
educación superior es insuficiente, y muchas instituciones educativas no implementan las medidas
necesarias o carecen de un seguimiento efectivo de la realidad de los estudiantes con discapacidad,
afectando tanto su ingreso como su permanencia.
Por su parte, para Ocampo (2018) los modelos actuales de evaluación de las instituciones de educación
superior priorizan indicadores técnicos, como la infraestructura accesible, el apoyo financiero y la
asignación de cupos, mientras relegan aspectos fundamentales de carácter cualitativo, como el acceso a
la información, las metodologías de enseñanza y evaluación, y la preparación del profesorado. Esta
visión reduce la inclusión a un cumplimiento formal de requisitos, sin promover un proceso continuo de
mejora que transforme de manera integral la experiencia educativa en beneficio de los estudiantes.
4. Discusión
En el contexto ecuatoriano, si bien existe un marco normativo amplio que reconoce el derecho a la
educación y promueve la inclusión de las personas con discapacidad, estas disposiciones no siempre
son lo suficientemente claras ni específicas en cuanto a su implementación. Las leyes establecen
principios generales como la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la no discriminación; sin
embargo, carecen de lineamientos concretos que definan metas, porcentajes de inclusión o acciones
obligatorias que garanticen de manera efectiva el acceso, la permanencia y la culminación de estudios
en la educación superior. Esta falta de precisión normativa dificulta su aplicación uniforme, generando
interpretaciones diversas y limitando el cumplimiento real de los derechos establecidos.
En este sentido, la existencia de la normativa no asegura por sí misma la inclusión efectiva, ya que
persiste una brecha entre lo establecido en la ley y su aplicación en la práctica. Tal como señalan
Martínez et al. (2025), las políticas de inclusión aún se encuentran en etapas iniciales y continúan
enfrentando barreras institucionales, académicas y culturales que restringen las oportunidades
educativas para las personas con discapacidad. A ello se suma la limitada articulación entre las
normativas y las acciones concretas dentro de las instituciones de educación superior, lo que reduce la
inclusión a un cumplimiento formal más que a un proceso integral de transformación educativa.
Frente a las barreras estructurales y de infraestructura, se recomienda adoptar un enfoque integral
de accesibilidad que no se limite a las adecuaciones físicas, sino que incluya tecnologías de apoyo,
materiales accesibles y entornos virtuales adaptados. Como señalan Vásquez y Veloz (2023), el acceso
a la educación superior requiere la implementación de unidades institucionales de apoyo y el
acompañamiento continuo durante la trayectoria académica.
En relación con los desafíos pedagógicos y de formación docente, deben fortalecerse la capacitación
continua del profesorado en educación inclusiva, orientada al diseño de metodologías flexibles,
evaluaciones diferenciadas y estrategias adaptadas a la diversidad del estudiantado. Este aspecto es
clave para superar las barreras académicas que coartan la inclusión efectiva. Respecto a las barreras de
liderazgo, se plantea la necesidad de promover la participación de las personas con discapacidad en
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los espacios de toma de decisiones dentro de las instituciones de educación superior. Esto implica
fomentar el liderazgo inclusivo y la representación estudiantil, contribuyendo a la construcción de
políticas más pertinentes y equitativas (Orrala, 2023).
En cuanto a las barreras culturales y territoriales, es cardinal desarrollar políticas públicas que
respondan a la diversidad de contextos, especialmente en zonas rurales o con características
interculturales. Como argumentan Martínez et al. (2025), esto implica fortalecer la descentralización
de la educación superior, mejorar la conectividad digital y promover enfoques interculturales que
atiendan las necesidades específicas de estos grupos.
Para las barreras socioeconómicas, se requiere ampliar los programas de apoyo económico y
complementarlos con políticas que mejoren las condiciones de vida de las familias. La superación de
la pobreza, a través de la generación de empleo, amplía las oportunidades educativas y favorece el
acceso a la educación superior (Rúa, 2021). Además, es necesario garantizar procesos de asignación
de ayudas más ágiles y accesibles, que respondan oportunamente a las necesidades de los
estudiantes. Frente a la discrepancia entre la normativa y la práctica, resulta imprescindible
fortalecer los mecanismos de seguimiento, evaluación y control de las políticas inclusivas. Como
señala Orrala (2023), la inclusión requiere una articulación efectiva entre normativa, gestión
institucional y prácticas educativas. Bajo este enfoque, la incorporación de indicadores claros, metas
medibles y lineamientos operativos permitiría garantizar el cumplimiento de las disposiciones
legales, reduciendo la brecha existente entre el reconocimiento del derecho y su ejercicio efectivo en
la educación superior.
5. Conclusiones
El análisis realizado evidencia que Ecuador cuenta con un marco normativo amplio que reconoce el
derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, sustentado en la Constitución, la
Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Ley Orgánica de
Discapacidades. Estas normativas establecen principios medulares como la igualdad de
oportunidades, la accesibilidad y la no discriminación, orientados a garantizar el acceso, la
permanencia y la culminación de estudios en la educación superior. No obstante, se identifica que
dichas disposiciones presentan restricciones en su operativización, debido a la ausencia de
lineamientos específicos, indicadores medibles y mecanismos de control que aseguren su
cumplimiento efectivo en las instituciones de educación superior.
En este contexto, los principales desafíos identificados reflejan la existencia de una brecha entre la
normativa y la realidad. Las barreras estructurales, pedagógicas, socioeconómicas, culturales y de
liderazgo evidencian que la inclusión aún no se consolida como un proceso integral dentro del sistema
educativo. La falta de accesibilidad, la limitada formación docente en educación inclusiva, la escasa
participación de las personas con discapacidad en espacios de decisión, las desigualdades territoriales
y las condiciones socioeconómicas adversas continúan restringiendo el acceso y la permanencia en la
educación superior. Estos factores ponen de manifiesto que la inclusión no depende únicamente de la
existencia de leyes, sino de su implementación efectiva y sostenida.
A partir de este análisis, se reconoce la necesidad de fortalecer las acciones orientadas a garantizar
una educación superior verdaderamente inclusiva. Las propuestas planteadas destacan la importancia
de adoptar un enfoque integral que incluya la mejora de la infraestructura y los recursos accesibles, la
formación continua del profesorado, el fortalecimiento del liderazgo inclusivo, la atención a las
realidades territoriales y la ampliación de los apoyos económicos. Además, resulta básico establecer
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mecanismos de seguimiento y evaluación que verifiquen el cumplimiento de las políticas inclusivas y
reduzcan la brecha entre la normativa y la práctica.
En consecuencia, la inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior debe ser
concebida como un proceso dinámico que articule el marco legal, las políticas públicas y las prácticas
institucionales. Esto implica avanzar hacia modelos educativos más flexibles, participativos y
centrados en la diversidad, que certifiquen no solo el acceso, sino la permanencia y el desarrollo
académico en condiciones de equidad. De esta manera, se contribuirá a la construcción de un sistema
educativo más justo, inclusivo y acorde a las necesidades de la sociedad actual.
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Transparencia
Conflicto de interés
Los autores declaran que no existen conflictos de interés de naturaleza alguna como parte de la
presente investigación.
Fuente de financiamiento
Los autores financiaron completamente la investigación.
Contribución de autoría
Carmita Elena Puente Rodríguez: Conceptualización, validación, investigación, gestión de datos,
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administración del proyecto, supervisión.
Mercy Jackeline Aguilar Rodríguez: Conceptualización, software, validación, investigación,
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Nancy Rocío Quishpi Chacha: Metodología, análisis formal, investigación, gestión de datos,
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financiamiento, recursos.
Los autores contribuyeron activamente en el análisis de los resultados, revisión y aprobación del
manuscrito final.
