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Vol. 1 N° 2, julio-diciembre 2024 (5-13)
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Artículo de revisión
Acceso a la educación superior pública en Ecuador y limitación
de cupos como vulneración de derechos
Access to public higher education in Ecuador and quota limitations as a
violation of rights
Dennys Adrian Morales Echeverria*
Profesional Independiente.
Riobamba-Ecuador.
abg.adrianmoralesecheverria@gmail.com
https://orcid.org/0009-0005-7798-353X
Socorro del Rocío Galarza Arrieta
Centro Educativo Comunitario
Intercultural Bilingüe
“Puerto Baquerizo
Moreno”.
Guamote-Ecuador.
socorro.galarza@educacion.gob.ec
https://orcid.org/0000-0002-9644-2975
*Correspondencia:
abg.adrianmoralesecheverria@gmail.com
Cómo citar este artículo:
Morales, D., & Galarza, S. (2024). Acceso a la
educación superior pública en Ecuador y
limitación de cupos como vulneración de
derechos. Revista de Investigación Educativa
Niveles, 1(2), 5-13.
https://doi.org/10.61347/rien.v1i2.60
Recibido: 17 de mayo de 2024
Proceso de evaluación:
20 de mayo al 20 de junio de 2024
Aceptado: 24 de junio de 2024
Publicado: 1 de julio de 2024
Resumen: La Constitución ecuatoriana reconoce a la educación pública como un
derecho humano fundamental y garantiza su gratuidad en todos los niveles, incluido el
superior. Sin embargo, el acceso a este enfrenta desafíos significativos debido a la
creciente demanda y la capacidad limitada de cupos. En los últimos años, las políticas
que mejoraron el acceso y la calidad de la educación básica y secundaria incrementaron,
a su vez, la demanda de la educación superior. No obstante, las universidades públicas
no han aumentado su capacidad, al sostener un sistema de cupos limitados que afecta a
estudiantes de bajos recursos. La alta demanda y competencia por los cupos generan
disparidades entre los que acceden a recursos adicionales para prepararse y quienes no.
La limitación de cupos también resulta en la sobrepoblación de universidades, hecho que
afecta la calidad educativa. Resulta crucial que el Estado aborde estas limitaciones,
expanda la infraestructura y recursos en las universidades públicas e implemente
políticas que aseguren inclusión y equidad en el acceso a la educación.
Palabras clave: Demanda educativa, derechos, educación superior pública, limitación.
Abstract: The Ecuadorian Constitution recognizes public education as a fundamental human
right and guarantees free education at all levels, including higher education. However, access to
it faces significant challenges due to growing demand and limited capacity. In recent years, policies
that improved access to and quality of basic and secondary education have, in turn, increased the
demand for higher education. However, public universities have not increased their capacity,
sustaining a limited quota system that affects low-income students. The high demand and
competition for places generates disparities between those who have access to additional resources
to prepare for higher education and those who do not. The limited number of places also results in
overpopulation of universities, which affects the quality of education. It is crucial for the State to
address these limitations, expand infrastructure and resources in public universities and
implement policies that ensure inclusion and equity in access to education.
Keywords: Educational demand, limitation,
public higher education, rights.
Copyright: Derechos de autor 2024 Dennys
Adrian Morales Echeverria, Socorro del
Rocío Galarza Arrieta.
Esta obra está bajo una licencia internacional
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1. Introducción
La educación es un derecho humano fundamental que desempeña un papel crucial en el desarrollo de
individuos y sociedades. La Constitución de Ecuador, promulgada en 2008, reconoce explícitamente
este derecho en la sección quinta, artículo 26, que promueve la gratuidad de la educación pública en
todos sus niveles, incluyendo la educación superior. Sin embargo, la realidad del acceso a la educación
superior en Ecuador presenta desafíos significativos que cuestionan su plena realización. Ecuador ha
experimentado un aumento considerable en la demanda de educación superior, en parte debido a las
políticas educativas implementadas en la última década que han mejorado el acceso y la calidad de la
educación básica y secundaria, lo que resultó en un mayor número de graduados de secundaria que
aspiran a continuar con estudios superiores.
No obstante, la capacidad de las universidades públicas para absorber esta creciente demanda no
ha crecido proporcionalmente, lo que ha llevado a la implementación de un sistema de cupos
limitados, justificado en términos de la capacidad física y de recursos humanos de las instituciones
educativas, pero que genera problemas que afectan la equidad y la justicia social. Desde una
perspectiva socioeconómica, la limitación de cupos en un país con profundas desigualdades como
Ecuador perpetúa el ciclo de pobreza y exclusión (Véliz, 2018).
Weise & Laguna (2008) coinciden en que esta situación afecta desproporcionadamente a los
estudiantes de familias con menores recursos, quienes, al no obtener un cupo en las universidades
públicas, a menudo no pueden costear una educación en las privadas. Además, la alta demanda y la
competencia por los cupos limitados generan una presión significativa sobre los estudiantes de
secundaria, al convertir los exámenes de admisión en una barrera que mide tanto el conocimiento
académico como la capacidad para manejar el estrés y los recursos disponibles para prepararse, y al
crear disparidades entre quienes acceden a clases particulares y materiales adicionales y quienes no.
Según Pesántez et al. (2015) esto puede llevar a la sobrepoblación en las universidades que logran
llenar sus cupos, afectando la calidad educativa con aulas sobrecargadas, recursos insuficientes y
atención docente limitada, factores que no deben ser sacrificados en el intento de ampliar el acceso a
la educación superior.
Desde una perspectiva legal y ética, Ordoñez (2022) considera que la restricción del acceso a la
educación superior a través de un sistema de cupos plantea serias interrogantes. La Constitución
ecuatoriana garantiza el derecho a la educación para todos, sin discriminación. La limitación de cupos
puede interpretarse como una violación de este derecho, especialmente cuando afecta
desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Además, la falta de acceso a la
educación superior tiene implicaciones de largo alcance para el desarrollo económico y social del país,
dado que una población educada es fundamental para la innovación, la productividad y la cohesión
social.
Beltrán (2021) señala que la educación superior no solo proporciona conocimientos y habilidades
para el mercado laboral, sino que fomenta el pensamiento crítico, la ciudadanía activa y el desarrollo
personal, esenciales para la integración armónica de individuos y sociedad. En este sentido, es crucial
que el Estado ecuatoriano aborde las limitaciones del sistema educativo superior, expandiendo
infraestructura y recursos en las universidades públicas e implementando políticas que aseguren
inclusión y equidad en el acceso a la educación. Este artículo analiza las causas, implicaciones y
posibles soluciones al problema de la limitación de cupos en las universidades públicas de Ecuador,
con el objetivo de promover un debate informado y constructivo sobre cómo garantizar el derecho a la
educación y un desarrollo más justo y equitativo.
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El objetivo de esta investigación se centra en el análisis exhaustivo de la problemática de la
limitación de cupos en la educación superior pública en Ecuador, mediante la investigación de sus
múltiples causas, implicaciones sociales, económicas y educativas y posibles soluciones. A través de
un enfoque interdisciplinario que incluye el análisis de datos estadísticos, revisiones de literatura
académica y jurídica, se busca demostrar que la limitación de cupos constituye una vulneración
significativa del derecho a la educación.
La educación superior como un derecho
En América Latina, la reflexión sobre la educación superior ha cobrado relevancia en diversos ámbitos,
incluyendo la academia, organizaciones estudiantiles, el Estado y organismos internacionales como la
Unesco. Las conferencias regionales desde 1990 han sido clave para debatir sobre las necesidades,
tendencias y desafíos en este sector. La UNESCO IESALC (2018) en su libro reconoce que la III
Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, celebrada en Córdoba,
Argentina, subraya que la educación superior es un bien público social y un derecho humano
universal. Guajardo (2018) sostiene que esta declaración enfatizó la democratización e inclusión como
pilares fundamentales, más allá del simple acceso masivo. Democratizar implica no solo ampliar el
acceso, sino promover la equidad y la integración efectiva del conocimiento para todos.
En Ecuador, la educación superior ha visto cambios significativos en la última década debido a
reformas legales que introdujeron múltiples requisitos, donde se destaca la importancia de considerar
las expectativas globales y de los usuarios del servicio educativo. Aunque la educación pública se
asocia con gratuidad y, a veces, baja calidad, las universidades públicas ecuatorianas enfrentan
desafíos en la calidad de la enseñanza y en el servicio de atención, que incluye desde el acceso al
sistema hasta la titulación. En contraste, las universidades privadas sobresalen en atención al
estudiante, infraestructura y simplificación de trámites, lo que refleja diferencias en la percepción y
calidad del servicio educativo (Reyes-Idrovo et al., 2020).
La educación superior se relaciona con otros derechos sociales como el acceso a la cultura, el disfrute
de los avances de la ciencia y la tecnología, así como de la investigación y producción científica. Como
señala Pozo (2016), la autonomía de la voluntad forma parte del derecho a la dignidad de la persona,
que alcanza así la autodeterminación y la libertad de planificar y proyectar un futuro con base en la
investigación.
Análisis de la normativa que regula el derecho y el acceso a la educación superior en Ecuador
Pazos (2018) menciona que, al ser un derecho la educación superior gratuita, debe existir una
contraprestación moral y de responsabilidad social. El Estado, como proveedor, busca lograr un mejor
desarrollo de su pueblo mediante la educación gratuita, al permitir a los estudiantes enfocarse en sus
estudios sin preocupaciones económicas. Así, con la gratuidad y democratización de la educación
superior, surge la responsabilidad académica como parte de la retribución de la sociedad beneficiaria.
Es crucial entender que, aunque la educación es un derecho, también es un servicio que debe garantizar
calidad y mejora continua. Los estudiantes son actores fundamentales en este proceso, participando
activamente en actividades extracurriculares que complementen el proceso de enseñanza-aprendizaje
y contribuyan a brindar un servicio efectivo a la comunidad.
La Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce que
La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable
del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de
la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias
y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Art. 26)
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De manera similar, la Carta Magna, en su sección quinta y en los artículos 27, 28 y 29, establece la
educación como un derecho universal, laico y gratuito hasta el tercer nivel de educación superior. Este
derecho asegura el acceso, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación en todos los niveles
educativos, desde el nivel inicial hasta el bachillerato o su equivalente. Además, promueve la
interacción cultural y la participación en una sociedad de aprendizaje, fomentando el diálogo
intercultural. La educación puede desarrollarse de forma escolarizada o no escolarizada, respetando y
valorando la diversidad cultural y lingüística. Asimismo, se garantiza la libertad de enseñanza y
cátedra en la educación superior, permitiendo a las personas aprender en su lengua y ámbito cultural,
y a los padres y representantes elegir una educación alineada con sus principios y creencias.
Por lo tanto, y siguiendo la misma línea, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2018) en
Ecuador establece el derecho a la educación superior; su artículo 4 señala:
El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades,
en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con
producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma
individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos
establecidos en la Constitución y esta Ley.
Además, en los artículos 3 al 7 de dicha normativa se establece un marco legal que garantiza el
acceso equitativo y la calidad educativa en todos los niveles de enseñanza superior. Esta ley,
promulgada para fortalecer el sistema educativo del país, abarca aspectos como la autonomía
universitaria, la investigación científica, la internacionalización de las instituciones (artículo 5) y la
participación estudiantil en la gestión académica. Asimismo, fomenta la excelencia académica y la
inclusión social, procurando asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder a una educación
superior adecuada a sus capacidades y necesidades.
La autonomía universitaria ha cobrado importancia en el contexto de la LOES, al ajustarse cada vez
más a la realidad global de la educación superior. En Ecuador, la autonomía universitaria se menciona
desde la Constitución de 1945 y ha sido un tema de protesta y exigencia social que fue reconocido en
la Constitución de 2008, donde la educación se declara como un servicio público. La LOES consagra la
autonomía universitaria que abarca aspectos financieros, académicos, administrativos y orgánicos, y
debe ejercerse con responsabilidad y principios como equidad, justicia y participación ciudadana. Esta
autonomía también incluye la libertad de cátedra e investigación para profesores e investigadores.
2. Metodología
Para determinar la vulneración del derecho a la educación superior, se adoptó un enfoque cualitativo
no experimental, donde las variables del fenómeno investigado no fueron manipuladas. Además, se
empleó un enfoque narrativo que implicó la descripción y discusión de documentos bibliográficos
relacionados con el fenómeno a través del análisis de contenido. Este estudio se clasificó como
descriptivo, ya que obtuvo la información necesaria de fuentes documentales y bibliográficas,
analizadas desde una perspectiva jurídica. Esta elección se justifica por la naturaleza legal del tema y
la importancia de realizar un análisis riguroso de la literatura existente en derecho y
constitucionalidad.
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3. Resultados
El análisis de esta investigación demuestra cómo el acceso a la educación superior en Ecuador ha sido
un tema crucial en la política educativa del país, especialmente en los últimos años. La demanda de
cupos en universidades e instituciones de educación superior ha aumentado significativamente,
impulsada tanto por el creciente número de graduados de instituciones de educación media como por
la inclusión de bachilleres de años anteriores que buscan una oportunidad en la educación terciaria. Se
analizaron datos disponibles entre 2020 y 2024, y destacaron tendencias, desafíos y posibles soluciones
para mejorar el acceso y la calidad de la educación superior.
Tabla 1
Datos y tendencias sobre el acceso a la educación superior pública en Ecuador del año 2020 al año 2024
Análisis de datos
En 2020, según la Senescyt Ecuador tuvo 241 861 postulantes para la educación superior, mientras que
la oferta de cupos fue de 112 000. Ese año, 302 354 estudiantes se graduaron de instituciones de
educación media. La distribución de los cupos se dividió en dos semestres, con 110 516 cupos en el
primero y 105 613 en el segundo.
En 2021 el portal Coalición Ecuador Verifica (2021) mostró un aumento considerable en el número
de postulantes, que alcanzó los 326 374. Sin embargo, la oferta de cupos incrementó ligeramente a 120
000, lo que dejó a un gran número de estudiantes sin la posibilidad de continuar con sus estudios
superiores. Ese año, el número de graduados de educación media fue de 307 354. Un aspecto destacado
fue que el 73 % de los postulantes inscritos eran bachilleres de años anteriores, lo que indica una alta
tasa de reintentos.
Año
Número de
postulantes
Número de
cupos
disponibles a
nivel nacional
Estudiantes
graduados de
instituciones
de educación
media
Notas
2020 241 861 112 000 302 354
Dividido en dos semestres: 110 516 en el
primer semestre y 105 613 en el segundo
semestre (Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación, Senescyt,
2020).
2021 326 374 120 000 307 354
73 % de los postulantes inscritos eran
bachilleres de años anteriores (Coalición
Ecuador Verifica, 2021).
2022 270 000 130 000 298 000
Se registraron 327 000 inscritos para el Test
Transformar, incluyendo bachilleres de años
anteriores (El Comercio, 2022).
2023 255 000 118 000 310 000
La cifra incluye a bachilleres de años
anteriores que intentaron nuevamente (El
Comercio, 2023).
2024 327 000 120 000 315 000
Incluye datos hasta mayo, con proceso de
inscripción en marcha (Ecuador Ec., 2024).
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Para 2022, el número de postulantes se redujo a 270 000, mientras que la oferta de cupos se
incrementó a 130 000. A pesar de esta reducción, la competencia seguía siendo alta. Los graduados de
instituciones de educación media ese año fueron 298 000, y se registraron 327 000 inscritos para el Test
Transformar, lo que sugiere que la demanda de educación superior aún superaba la oferta disponible
(El Comercio, 2022).
En 2023, según cifras de El Comercio, el número de postulantes disminuyó ligeramente a 255 000,
con una oferta de cupos de 118 000. Los graduados de educación media ascendieron a 310 000, lo que
indica un aumento en el número de estudiantes que completaron su educación secundaria. La cifra de
postulantes incluye a bachilleres de años anteriores que intentaron nuevamente obtener un cupo,
reflejando la persistencia en la búsqueda de oportunidades educativas.
Finalmente, hasta mayo de 2024, la investigación de Ecuador Ec reveló que el número de postulantes
se elevó nuevamente a 327 000, mientras que la oferta de cupos se mantuvo en 120 000. Los graduados
de instituciones de educación media se estimaron en 315 000. Estos datos subrayan la continua alta
demanda de educación superior y la insuficiencia de cupos para satisfacer las necesidades de todos los
aspirantes.
4. Discusión
El crecimiento constante en la demanda de cupos para la educación superior en Ecuador refleja varios
factores interrelacionados, como el aumento en el número de graduados de educación media, ya que
cada año miles de estudiantes completan su educación secundaria y buscan avanzar a la educación
terciaria, incrementando así la presión sobre el sistema educativo superior del país. Además, la
inclusión de bachilleres de años anteriores que no lograron obtener un cupo en su primer intento ha
exacerbado esta demanda. La alta tasa de reintentos sugiere que muchos estudiantes están dispuestos
a seguir buscando oportunidades educativas.
Según Reyes-Idrovo et al. (2020), el número de graduados de educación media, aunque positivo
para el desarrollo académico del país, ha generado una presión significativa sobre la oferta de cupos
disponibles en las instituciones de educación superior. Aunque hubo un ligero incremento en la oferta
de cupos en los años siguientes, esta no ha sido suficiente para satisfacer la demanda creciente.
La notable vulneración del derecho a la educación en Ecuador es evidente ante la incapacidad del
sistema para acomodar a todos los aspirantes. La Constitución en su artículo 26 establece que la
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y una obligación ineludible e inexcusable
del Estado. Además, el artículo 27 enfatiza en que la educación debe ser universal y equitativa. La
Senescyt ha implementado diversas políticas para abordar esta disparidad, entre ellas, el Test
Transformar que buscó mejorar la equidad en el acceso a la educación superior, considerando factores
socioeconómicos y proporcionando puntos adicionales para estudiantes de bajos recursos. Sin
embargo, estas medidas no han logrado cerrar la brecha entre la oferta y la demanda, lo que refleja una
persistente desigualdad en el acceso a la educación superior.
En el libro La educación en América Latina: entre la calidad y la equidad de María Jesús Martínez (2013),
se analiza cómo los sistemas educativos de la región enfrentan desafíos similares, y se subraya que las
políticas inclusivas, aunque bien intencionadas, a menudo no logran abordar las disparidades
estructurales profundas. De manera similar, en Perspectiva de la educación superior en Ecuador de
Ordóñez et al. (2022), se examina la implementación de reformas educativas en el país. Se argumenta
que, aunque la Senescyt ha introducido iniciativas de evaluación a lo largo de los años, persisten
barreras significativas para los estudiantes de bajos recursos debido a la falta de infraestructura y
recursos en zonas rurales. Desde una perspectiva integral, se analizan la oferta académica actual, la
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pertinencia de las universidades y las tendencias futuras del empleo. Este trabajo también aborda el
futuro de la educación superior como centro de la sociedad del conocimiento, y destaca que factores
como la globalización, la calidad educativa y la aparición de nuevas profesiones que no se ofertan en
la educación superior han disminuido el valor de un título universitario como medio para lograr
empleo y ascenso social.
Estos análisis destacan la necesidad de un enfoque más integral que no solo contemple medidas de
acceso, sino la mejora de la calidad educativa y la inversión en infraestructura y capacitación docente.
La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2023) en Ecuador también subraya la importancia
de una educación inclusiva y de calidad para todos, pero su implementación ha encontrado numerosos
obstáculos prácticos. Según El estado de la Educación en América Latina y el Caribe de Arias et al. (2023)
Ecuador debe enfrentar el desafío de equilibrar la expansión del acceso con la garantía de calidad
educativa, un dilema común en la región.
Aunque se han dado pasos importantes hacia la equidad educativa en el país, persisten grandes
retos que requieren soluciones multifacéticas y sostenibles para garantizar que el derecho a la
educación sea una realidad para todos los ciudadanos. Desde la reflexión de González (2014), invertir
en la expansión de la infraestructura educativa es decisivo para aumentar la oferta de cupos en las
universidades. La construcción de nuevas universidades y la ampliación de las existentes deben ir
acompañadas de una mejora en la capacidad docente y en los recursos educativos, garantizando así
una educación de calidad. Coincidiendo con esto, Briceño (2014) propone que diversificar la oferta
educativa, incluyendo más carreras técnicas y tecnológicas alineadas con las necesidades del mercado
laboral, puede aliviar la presión sobre las universidades tradicionales y ofrecer salidas profesionales
rápidas y efectivas.
Promover desde la educación secundaria las oportunidades y beneficios de las carreras técnicas y
tecnológicas es vital para diversificar las opciones educativas y reducir la competencia por los cupos
universitarios tradicionales; según Cerioni & Morresi (2007), la implementación y expansión de
programas de becas y apoyo financiero para estudiantes de bajos recursos también pueden mejorar la
equidad en el acceso a la educación superior.
Fomentar la colaboración público-privada para la creación de nuevas instituciones educativas y
programas de capacitación, junto con la transparencia en el proceso de admisión, permitirá gestionar
la demanda y reducir la incertidumbre para los postulantes. Estas estrategias, combinadas con un
enfoque integral y colaborativo, pueden ayudar a Ecuador a enfrentar los desafíos en su sistema de
educación superior, asegurando que más estudiantes tengan acceso a una educación de calidad y que
se respete el derecho a la educación para todos los ciudadanos.
5. Conclusiones
La implementación de un sistema de cupos limitados en las universidades públicas de Ecuador
perpetúa la desigualdad socioeconómica, y afecta desproporcionadamente a los estudiantes de
familias con menos recursos. Al no poder costear una educación privada, estos estudiantes se ven
excluidos del sistema de educación superior, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y exclusión social.
Además, la competencia por los cupos limitados aumenta la presión sobre los estudiantes de
secundaria, creando disparidades entre aquellos que pueden acceder a recursos adicionales para
prepararse y quienes no. Este sistema, por tanto, contraviene el principio constitucional de garantizar
el derecho a la educación para todos, sin discriminación.
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Para abordar los desafíos del acceso a la educación superior, es fundamental que el estado
ecuatoriano invierta en la expansión de la infraestructura y recursos de las universidades públicas.
Esto incluye la construcción de nuevas instituciones educativas y la ampliación de las existentes, así
como la mejora de la capacidad docente y la disponibilidad de recursos educativos. Además, es
necesario implementar políticas inclusivas que aseguren la equidad y la calidad en el acceso a la
educación superior. Esto puede lograrse mediante programas de becas y apoyo financiero para
estudiantes de bajos recursos, la diversificación de la oferta educativa con más carreras técnicas y
tecnológicas, y la promoción de la colaboración público-privada para la creación de nuevas
instituciones y programas de capacitación. Estas medidas ayudarán a equilibrar la oferta y la demanda,
reducir la competencia por los cupos limitados y garantizar que el derecho a la educación se haga
realidad para todos los ciudadanos.
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Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe
[UNESCO IESALC] (2018). Declaración de la III Conferencia Regional de Educación Superior para
América Latina y el Caribe. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376753
Véliz, V. F. (2018). Calidad en la Educación Superior. Caso Ecuador. Atenas, 41(1), 165-173.
https://n9.cl/hps7i
Weise, C., & Laguna, J. L. (2008). La educación superior en la región andina: Bolivia, Perú y Ecuador.
Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, 13(2), 425-450. https://doi.org/10.1590/S1414-
40772008000200009
Transparencia
Conflicto de interés
Los autores declaran que no existen conflictos de interés que influyan en la objetividad de este estudio.
Fuente de financiamiento
No se recibieron fondos financieros de ninguna organización que pudiera tener interés en los
resultados presentados.
Contribución de autoría
Dennys Adrian Morales Echeverria: Conceptualización, metodología, software, validación, análisis
formal, investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original,
redacción - revisión y edición, financiamiento, administración del proyecto, recursos, supervisión.
Socorro del Rocío Galarza Arrieta: Conceptualización, software, validación, análisis formal,
investigación, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y
edición, financiamiento, recursos, supervisión.
Los autores contribuyeron activamente en el análisis de los resultados, revisión y aprobación del
manuscrito final.
